Tras más de dos años conviviendo con la okupación, los vecinos de la comunidad de Arroyovereda y de todo el municipio de Arroyo de la Encomienda, cansados de vivir con miedo y con las zonas comunes inutilizadas, han decidido alzar la voz para poner fin a la entrega de las viviendas okupadas a las mismas personas que accedieron por la fuerza, camuflándose en una supuesta «vulnerabilidad social» y que se han dedicado a atentar contra la seguridad, la convivencia y el bienestar de todos los residentes.
Para ello, han iniciado una recogida de firmas a la que ya se han sumado alrededor de 1500 personas, tanto de manera presencial, como de forma online, a través de la plataforma Change.org, en la que se reclama al Sareb que cumpla su objetivo fundacional: vender activos inmobiliarios de entidades que se fueron a la quiebra. «No sabemos si esto servirá para algo, pero necesitamos que la gente y los organismos se den cuenta de la situación en la que estamos viviendo para que puedan ayudarnos», comenta una vecina.
Al gobierno por su parte, los vecinos afectados le exigen un cambio urgente en su política de vivienda para que deje de proteger a los okupas que incumplen las leyes. Además piden que no se regalen viviendas a personas que se hayan saltado el sistema de protección social español eligiendo el camino de la okupación y que no conviertan en sociales, viviendas que otros vecinos pagan a precio de vivienda libre, «El piso que hemos comprado con los ahorros de nuestras vidas, otros lo van a conseguir de manera gratuita después de haberlo okupado», añade un vecino. También solicitan una mayor presencia de la Guardia Civil, para protegerse de los «delincuentes que tienen como vecinos y que han asaltado su comunidad». «Los vecinos vivimos atemorizados, las zonas comunes y la piscina no las podemos utilizar y si las abrimos las destrozan, además el piso no lo podemos vender, la gente es consciente de lo que aquí ocurre y nadie lo quiere», explica otro vecino.
Por último, reclaman que la Justicia agilice los procesos de desahucio para que las okupaciones no se conviertan en residencias permanentes al margen del sistema social y que se emitan sentencias rigurosas y exigentes en las que se obligue al Sareb a asegurar «las pocas viviendas que se van desocupando», reivindicando justicia, convivencia y respeto.
