El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda ha remitido al Sareb el informe policial que esta sociedad había solicitado para conocer cuál es la situación social en el entorno de la comunidad ‘Arroyovereda’, donde la entidad es propietaria de un centenar de viviendas, más de 50 de ellas okupadas desde hace casi tres años. El documento elaborado por la Policía Local consta de 30 páginas y efectúa un repaso estadístico de las intervenciones y deja claro el aumento de la conflictividad registrado desde las okupaciones.
Las actuaciones policiales se han disparado desde 2022, que fue cuando se iniciaron las usurpaciones de viviendas. Ese primer año, casi se triplicaron los avisos a la Policía Local y ya en 2023 estallaron hasta multiplicarse por ocho en toda esa zona (calles Narciso Monturiol, Arturo Duperier y plaza de los Premios Nobel), pasando de una media de 15 intervenciones anuales en los ocho años previos a las 128 de 2023 y a las 106 anotadas durante los primeros diez meses de este 2024.
La Policía Local de Arroyo califica la situación de «compleja y conflictiva», y asegura que «no tiene precedentes en otras zonas del municipio», obligando a incrementar los recursos policiales destinados a reforzar la seguridad en esas calles. El informe dice que esta conflictividad provocada por la llegada de los okupas la sufren «de manera muy especial los habitantes de esta comunidad y su entorno, pero también tiene consecuencias para el resto de habitantes del municipio».
Temor a represalias
En el dosier policial se enumeran los diferentes problemas de convivencia que vienen sufriendo los vecinos, «que raramente quieren formular denuncia por escrito, por temor a recibir represalias». Además, se habla de suciedad en zonas comunes, al arrojarse la basura a las papeleras de la comunidad en lugar de a los contenedores de la calle; de roturas y daños en bancos, puertas y ascensores; de imposibilidad de uso de las zonas comunes (piscina y pista de pádel); y «todo tipo de comportamientos incívicos».
En este sentido, el informe recoge algunas de las fotos remitidas por los vecinos y reseña también algunas de las intervenciones más significativas de estos meses, desde la primera okupación detectada (en diciembre de 2021), hasta la aparición de un perro muerto en una arqueta del garaje comunitario (en agosto de 2024).
«Son situaciones totalmente anormales. Es evidente que la llegada de estos okupas ha creado un foco de conflicto y no entendemos que el Sareb no quiera verlo. Por ello, desde el equipo de Gobierno siempre nos hemos opuesto a esta legalización de las okupaciones que se pretende llevar a cabo», explica el alcalde, Sarbelio Fernández.
Alquiler social del Sareb
Sareb quería conocer la realidad de esta zona del municipio ante un escenario en el que pretende la inclusión de 15 de los okupas en el Programa de Alquiler Social del Sareb, «siempre que esa decisión no fuera un foco de conflictividad», recuerda el alcalde, quien puntualiza que esa es «una condición que se puso sobre la mesa en las reuniones con Sareb: si había conflicto, no habría alquiler social».
Con este informe, la Policía Local deja claro que, efectivamente, la conflictividad ha aumentado por culpa de los pisos okupados, así que «no se entendería otra decisión que no fuera continuar con el proceso judicial de desalojo de todos los inmuebles okupados y no dar esos alquileres sociales que pretenden», resume el regidor.
«Estamos del lado de nuestros vecinos, de los que pagan su hipoteca o su alquiler en ‘Arroyovereda’, y de todos los que conviven en un entorno que se ha convertido en foco de problemas», continúa. Y así se lo hace saber la Policía Local al Sareb, que ahora dispone de datos objetivos. La conflictividad ha multiplicado por ocho las intervenciones policiales. «Nos toca esperar a que Sareb y los jueces nos escuchen y no perpetúen esta situación, que no castiguen a los ciudadano de Arroyo», concluye Sarbelio Fernández.
Informe CEAS
El Ayuntamiento también ha remitido un informe elaborado por el Centro de Acción Social de Arroyo en el que se detalla la situación de cada uno de los 15 casos de okupación que han sido considerados por el Sareb como susceptibles de pasar a su Programa de Alquiler Social.
El documento distingue entre los casos de inquilinos que ya residían en la vivienda en régimen de alquiler antes de las okupaciones y que pagaron hasta la quiebra de la inmobiliaria dueña de los pisos; y los casos de «familias que se han trasladado al inmueble aprovechando la situación.». Unas personas, estas últimas, que ‘carecen de arraigo en el municipio’ y que en cinco de los casos objeto de estudio ni siquiera hay constancia de que residan de manera habitual, concluye el informe del CEAS Arroyo.