El servicio de recogida y gestión de residuos urbanos y orgánicos que realiza la Mancomunidad de Torozos ha experimentado un considerable incremento y la factura ha pasado de los 65.000 euros, que el Ayuntamiento pagó en el último trimestre del año 2022, a los 104.963 pagados en el primer trimestre de 2023. Según explicó la concejal de Hacienda, Ángeles Retamero, en el último Pleno, este incremento se debe «a la entrada en vigor del impuesto estatal sobre el depósito de residuos en vertedero cuyo valor pasa de 7 a 30 € euros por cada tonelada depositada en el vertedero a lo que hay que sumar el alza de los gastos de personal y del canon de vertido en el Centro de Tratamiento de Residuos de Valladolid».
El Ayuntamiento de Arroyo lo llevaba advirtiendo desde hace tiempo con campañas de concienciación para conseguir una recogida más eficaz y sostenible basada en el concepto ‘puerta a puerta’.
Nueva Ley de Residuos
La Ley de Residuos y Suelos Contaminantes para una Economía Circular entró en vigor el pasado 10 de abril. Esta norma, que traspone dos directivas europeas, persigue regular los residuos de una manera integral y fortalecer su recogida en forma separada, sobre todo la de los domésticos.
En su articulado hay algunas novedades tributarias que empezaron a funcionar en enero de 2023 y que afecta directamente a los Ayuntamientos.
Quien contamina paga
Hasta ahora, los ciudadanos pagaban una tasa fija de residuos que incluían los costes de recogida, tratamiento y eliminación de residuos en tu localidad. sin importar la cantidad o calidad de basura generada en cada localidad.
La nueva ley recoge la premisa de ‘quien contamina paga’, es decir, establece un sistema de pago basado en la generación real de basura de cada ciudadano y su grado de participación con incentivos en el caso de que se recicle adecuadamente o se genere menos residuos.
La ley de residuos obliga a los ayuntamientos a que cuenten con una tasa diferenciada que cubra los gastos de recogida, transporte y tratamiento de sus residuos con el objetivo de que cada localidad pague en función de la cantidad y del tipo de residuos generados de manera individual obligando a los ayuntamientos a implantar un modelo de recogida más sostenible. Las tasas se convierten así en un instrumento para conseguir una gestión de recogida más eficaz por parte de los vecinos.