El genocidio de Ruanda fue un intento de exterminio de la población tutsi por parte del gobierno hegemónico hutu de Ruanda entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994, en el que se asesinó aproximadamente al 70 % de los tutsis. Cerca de 1.000.000 de personas fueron asesinadas. La violencia sexual fue generalizada; se cree que fueron violadas más de 250.000 mujeres durante el genocidio. Los asesinatos masivos se iniciaron tras el atentado del 6 de abril de 1994 contra el presidente ruandés Juvénal Habyarimana y el presidente burundés Cyprien Ntaryamira, ambos hutus, que murieron tras ser derribado el avión en el que viajaban por dos misiles lanzados desde tierra.
La responsabilidad por ese ataque es controvertida. La mayoría de las teorías proponen como sospechosos al grupo rebelde tutsi Frente Patriótico Ruandés (FPR) o los extremistas del “poder hutu” que se oponían a la negociación con el FPR. En cualquier caso, inmediatamente los radicales hutus se hicieron con el poder y comenzó la masacre, lo que resultó en el asesinato de cientos de miles de tutsis y hutus moderados en los siguientes tres meses, hasta que el 15 de julio el FPR conquistó la capital Kigali, obligando al gobierno hutu radical a huir del país en dirección a Zaire seguido de al menos dos millones de hutus desplazados.
A partir de ahí, los tutsis asesinaron miles de hutus en represalia por las despiadadas acciones de estos, instaurándose unas semanas muerte generalizada a lo largo y ancho del país.
Las causas del conflicto civil en Ruanda nacen en el siglo XIX, cuando el gobierno colonial belga estableció un sistema social racista, para lo cual utilizó una antigua distinción dentro del pueblo bantú, organizando a la población en castas: la minoría tutsi (15 %) fue establecida como casta dominante y la mayoría hutu (85 %) como casta subordinada.
El papel de las naciones occidentales, NN.UU y la Iglesia en el genocidio ha sido cuestionado por haber impuesto y tolerado un sistema colonial, el cual promovió la división de la población en castas, y por haber mantenido una postura pasiva o cómplice durante las matanzas.
Tras el fin de las hostilidades, era necesario reconciliar al país. Y se hizo bien.Una de las primeras medidas que emprendió el nuevo gobierno fue borrar los datos sobre la pertenencia étnica de los documentos de identificación. Desde entonces, todos los habitantes del país son “ruandeses”.
Uno de los mayores obstáculos fue la reparación legal del genocidio. En 1994, se creó un tribunal penal internacional (ICTR) con sede en Arusha, en el país vecino de Tansanía, para perseguir a los responsables del genocidio.
A partir de ahí, con mucho trabajo y conciencia social, Ruanda vive en paz, aun consciente de aquella pesadilla que dejo una inmensa herida que ya ha dejado de sangrar.
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